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Régimen laboral de los alcaldes: particularidades en torno a la percepción de beneficios laborales

POR LEGIS.PE – OCTUBRE 10, 20170918
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Sumario: 1. Introducción, 2. Régimen laboral de los alcaldes, 3. Tratamiento de los beneficios laborales a favor de los alcaldes, 3.1. De las vacaciones, 3.2. Acumulación del descanso vacacional del alcalde, 3.3. Aguinaldos a favor de alcaldes, 3.4. De la asignación por cumplir 25 y 30 años y de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), 3.5. De la bonificación por escolaridad, 3.6. De los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio, 4. Conclusiones, 5. Referencias bibliográficas.

1. Introducción

El alcalde es el representante máximo de la voluntad ciudadan; así como el presidente de la República personifica a la Nación, el alcalde personifica a su comunidad. Por eso la importancia de su rol radica principalmente en la atención y solución de las necesidades básicas de su circunscripción, que conlleven a elevar y mejorar la calidad de vida de su comunidad, ya sea través de la concertación interinstitucional, gestionando el financiamiento de obras en convenio con las entidades públicas respectivas, tramitando préstamos (según su capacidad económica para la adquisición de maquinarias y equipos o para ejecución de obras), requiriendo el apoyo respectivo para la ejecución de programas de asistencia social, gestionando la cooperación técnica internacional y el apoyo o donaciones de las entidades públicas y/o privadas, fomentando la participación ciudadana en el accionar municipal mediante el dialogo, el consenso y la concertación local.[1]

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De conformidad con el artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen general aplicable a la Administración Pública, es decir, el régimen del Decreto Legislativo N° 276; mientras que los obreros son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a quienes se les reconoce los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen.

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Por lo tanto, de una rápida lectura tendríamos que el régimen laboral aplicable al alcalde, en su condición de funcionario público de elección popular, directa y universal, es el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

Sin embargo, cuando estudiamos con más detalle las particularidades del régimen laboral aplicable a los alcaldes de los gobiernos locales (municipalidades distritales y provinciales), las cosas no parecen del todo claras, e incluso nos pueden llevar a confusiones en su tratamiento en comparación con otros funcionarios y servidores sujetos al D. Leg. N° 276. Precisamente en el presente informe abordaremos las principales particularidades de este asunto, con el ánimo de ofrecer al lector una visión clara sobre el régimen laboral del citado funcionario.

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2. Régimen laboral de los alcaldes

Como se ha indicado, en virtud al artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen general aplicable a la Administración Pública, es decir, el régimen del Decreto Legislativo N° 276.

En efecto, los alcaldes pertenecen a la categoría de funcionarios públicos, a tenor de lo dispuesto por el literal a), inciso 1 del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, al proceder su cargo de elección popular directa y universal, y por ende se encontrarían bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, así como a su norma reglamentaria (Decreto Supremo N° 005-90-PCM).

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De la lectura del referido artículo podría considerarse erróneamente que los alcaldes de los gobiernos locales, al estar sujetos al régimen laboral de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, regulado por el D. Leg. N° 276, recibirían un tratamiento similar a cualquier otro servidor que se encuentre en el citado régimen laboral; sin embargo, en la práctica veremos que no es así. Por disposición expresa de la norma se encuentra fuera de la carrera administrativa, lo cual no es impedimento para que se le apliquen algunas disposiciones del Decreto legislativo N° 276 (artículo 2)[2].

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El artículo 4° del Reglamento del D. Leg. N° 276, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-CM, establece respecto de los funcionarios lo siguiente:

“Artículo 4°.- Considerase funcionario al ciudadano que es elegido o designado por autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos del más alto nivel en los poder públicos y los organismos con autonomía. Los cargos políticos y de confianza son los determinados por Ley.”

Asimismo, la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, en su artículo 4 señala lo siguiente:

“Artículo 4.- Clasificación

El personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera:

1. Funcionario público.- El que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas.

El Funcionario Público puede ser:

a) De elección popular directa y universal o confianza política originaria.

b) De nombramiento y remoción regulados.

c) De libre nombramiento y remoción. (…)”

3. Tratamiento de los beneficios laborales a favor de los alcaldes

Conforme refiere Servir, si bien los funcionarios públicos están excluidos de la carrera administrativa, le resultan extensivas determinadas disposiciones en lo que les fuere aplicable. “A partir de lo señalado en dicha norma es preciso efectuar un doble examen: en primer lugar debemos distinguir entre los beneficios propios y particulares de los servidores de carrera verificando si existe una exclusión normativa expresa que delimite su goce y disfrute solo por ello y, en segundo lugar, analizar si aun cuando no exista una exclusión expresa, estos beneficios pueden ser extendidos a los funcionarios públicos y empleados de confianza. Para ello, debemos analizar si un determinado beneficios, por su naturaleza, puede ser extendido a estos y siempre que su goce sea compatible con la naturaleza de la confianza que es atributo de esas categorías”.[3]

3.1. De las vacaciones

Conforme precisa García Manrique el descanso vacacional es un descanso remunerado consagrado en el artículo 25º de la Constitución Política del Estado, la que además, recogiendo lo dispuesto por el Convenio OIT Nº 52 (ratificado por el Estado peruano), ha precisado que se trata de un descanso anual. No se adquiere de manera semestral, bianual ni cualquier otra periodicidad, sino año a año.[4]

Nuestro marco constitucional define el conjunto de derechos previstos para todo trabajador (persona que desarrolla una prestación personal de servicios subordinada). Dicha precisión tiene como marco de referencia lo establecido en los artículos 23 y 51 de la Constitución Política del Perú, entre ellos el derecho al descanso vacacional remunerado reconocido expresamente por el artículo 25° de la Constitución, el cual en su segundo párrafo señala que “los trabajadores tienen derecho a descanso vacacional y anual remunerados”. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.

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