Política

Basombrío está en la cuerda floja

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, podría ser inhabilitado por diez años y, por ende, ser retirado del cargo si el Congreso de la República les otorga la razón a los 39 generales de la Policía Nacional del Perú que pasaron al retiro en forma injustificada, según denunciaron.
Cabe indicar que Comisión Permanente del Congreso aprobó el viernes 3 de noviembre investigar a Basombrío Iglesias por el citado pase a situación de retiro en septiembre del año pasado.

El 28 de noviembre de 2016, los oficiales defenestrados elevaron su pedido de acusación constitucional ante la entonces presidenta del Congreso, Luz Salgado, en contra del citado titular del Interior, a quien responsabilizaron de haberlos pasado a retiro por motivaciones de índole personal, violando la Ley de la Policía Nacional del Perú y la Constitución.
El documento firmado por el abogado Wilfredo Castillo Rivas señala que “Carlos Basombrío ordenó al entonces director general de la PNP, Vicente Romero, instaurar un proceso de renovación de cuadros de manera excepcional para generales de la PNP, procedimiento administrativo que resultó ser ilegal, ya que únicamente fueron sometidos a evaluación los denunciantes, lo cual en menos de 24 horas originó que fuéramos pasados de la situación de actividad a la situación de retiro”.

“Y se admitió someter a evaluación a 45 oficiales generales PNP quienes, al haber sido favorecidos, hoy se encuentran en situación de actividad en la PNP, evidenciando de esta forma una infracción al principio de derecho a la dignidad de toda persona, (…) además de haber infraccionado la Ley de la Policía Nacional, Ley de Situación del Personal de la PNP”, indica.
Los afectados aseguran que también se ha infraccionado el Régimen de Administración de los Recursos Humanos de la PNP, en el caso específico sobre la forma legítima de cómo debían de pasar a la situación de retiro los oficiales generales de la PNP.

ACUSACIÓN
Los altos oficiales retirados sostienen que la infracción constitucional en la que ha incurrido el denunciado se materializa “cuando dicho funcionario planificó un plan deliberado antes de asumir el cargo, que generó el ilegal pase de la situación de actividad al retiro, de 39 oficiales generales de la PNP, que ejecutó el día 31 de agosto de 2016 en menos de 24 horas, mediante las respectivas resoluciones supremas”.

Añade que “no fueron sometidos a evaluación un número de 45 oficiales generales PNP de un total de 84, tratando así de encubrir su irregular decisión política adoptada, al señalar públicamente ante los medios de comunicación el inicio de un programa de Reorganización y Modernización de la PNP, dado que su moderna estructura así lo exigía y por ese motivo los 45 oficiales generales PNP que se quedaban reunían un mejor perfil”.

DELITOS
En el documento, agregan que Basombrío ha cometido los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica y falsedad genérica, tipificados en los artículos 428º y 438º del Código Penal.
Asimismo solicitan que se sancione a Carlos Basombrío con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por cinco años o más si se prueba la comisión de delitos.

VENGANZA
El general (r) Máximo Ramírez de la Cruz, uno de los oficiales afectados, afirmó que el pase a retiro de los hoy denunciantes se debe a una venganza de parte del ministro, en contra de quienes se opusieron a los cambios al sistema que iba a imponer y que no estaban justificados.
“Por ejemplo, Basombrío sacó a dos médicos que se oponían a que disponga del dinero de Salupol, entonces puso a Carlos Moreno, ex asesor palaciego, semanas antes de que estallara el escándalo de los audios. Moreno quería que todos los fondos de la Policía, que son millones, sean tercerizados; en mi caso yo defendí a los policías que trabajaban honestamente y que se enfrentaban a la delincuencia, y me botó porque decía que defendía al escuadrón de la muerte”, recordó.

Ramírez de la Cruz agregó que Basombrío cometió una gran arbitrariedad al retirar a oficiales jóvenes que recién estaban ocho meses en la carrera, situación que es ilegal.

MARÍA TERESA GARCÍA